¿Ciber Patrullaje o espionaje ilegal?

La preocupación y el miedo genera pánico y, en contextos como este, las sociedades se paralizan. El poder, siempre al acecho, aprovecha la situación y avanza sobre los derechos de los ciudadanos, sobre instituciones y empresas, leyes, los otros poderes, etc. El objetivo es controlar todo lo posible. Control, control, control. La palabra se repite en todos los medios. Control de tránsito, de contagiados, de la situación, de la fila de los jubilados, en los supermercados . Hasta se controla la calidad de imagen de Netflix para que internet no colapse. La población, con lógicos miedos reales e imaginarios, se vuelve más permisiva y deja avanzar.

China es un buen ejemplo. El gobierno de Xi Jinping usa su enorme potencia tecnológica (Big Data, Inteligencia Artificial, cámaras urbanas, drones, sensores, biometría, apps móviles, comercio electrónico, SOCMINT (Social Media Intelligence), etc) para capturar todo tipo de datos digitales de sus ciudadanos, violando toda noción de intimidad y privacidad. Estos datos, convertidos en información, se analiza y se convierte en conocimiento. Esa inteligencia es usada por el gobierno, para premiar y/o castigar oficialistas y opositores, perseguir disidentes al régimen comunista, saber que hace cada persona, qué artículos compra, por donde camina, qué subte toma, con quién chatea y de qué temas, y hasta a qué fotos y videos les da un like. En definitiva, el gobierno usa la tecnología para controlar a su ciudadanía.

La práctica fue denunciada infinidad de veces por distintas organizaciones mundiales y personas (el artista Ai Wei Wei y otros). Pero lo que hasta hace pocos meses era un grave atropello a las libertades individuales y a los derechos humanos de los más de 1500 millones de chinos, en el contexto actual se lo mira con otro tamiz. Surge la idea de que esas prácticas de los gobiernos, reñidas con los derechos de los individuos y la mayoría de las democracias y Constituciones occidentales, pueden ayudar a (de nuevo) controlar el avance del virus y devolvernos nuestras vidas pre cuarentena. Los cuestionamientos y las denuncias se suavizan y se vuelven más flexibles e indulgentes. La mirada social, antes rígida, ahora afloja. Entonces los gobiernos se sienten con más libertad y permisos para avanzar pisoteando -con más o menos buenas y malas intenciones- leyes, tratados, acuerdos, Congresos, medios de comunicación, constituciones. Pero si es para una «buena causa» (en este caso, desterrar el virus, que muera menos gente, que haya menos contagios, etc) surge la idea sintetizada en el meme de Guido Kaczka “está mal, pero no tan mal”.

Pero está mal.

Y es una trampa. «China pudo vencer al virus porque es una dictadura y una sociedad que acata órdenes sin chistar» se repite como verdad revelada en los medios, sin tener idea si eso es verdad. Lo repiten tanto que ya nadie lo discute. Pero pensar la idea de que respetar la privacidad individual y la intimidad digital (que son derechos y libertades) no es tan importante como curarnos del virus, es una falacia peligrosa.

Esta semana surgió una nueva polémica en torno al control de las redes sociales y al “ciberpatrullaje”. La ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic dijo que usarán las redes sociales “para detectar alertas tempranas del humor social de los argentinos”. Sus dichos generaron un amplio rechazo y varios repudios. Apenas uno: Roxana Reyes, diputada santacruceña por la UCR, dijo «En Santa Cruz sabemos qué es el ciberpatrullaje. No lo usan solo en tiempos de pandemia, el consejo provincial de educación ha llegado a sancionar o sumariar a los docentes por un ‘like’ o una opinión contraria al gobierno en redes sociales. No cambian en la pandemia, se muestran».

Al día siguiente, Frederic tuvo que admitir que seu frase fue “poco feliz”. Aclaró que, en realidad, patrullarán las redes para prevenir posibles delitos y dio el ejemplo de los saqueos. En un reportaje publicado en Página12 el viernes 10 de abril, la ministra da más detalles: “Lo que hacemos es navegar en el espacio público cibernético -sólo el público- haciendo búsquedas utilizando palabras claves como «saqueo» o el nombre de supermercados y localidades, y así detectar si hubo denuncias realizadas en las redes o personas que hayan estado convocando a través de las redes sociales para acciones de este tipo. (…) En ningún momento hacemos auscultación o un análisis invasivo de personas, solo utilizamos categorías. (…) En el caso que se detecte que una persona haya estado amenazando o que haya indicios de que esa persona está por cometer un ilícito, se da intervención a la Justicia”. 

Muchas preguntas quedan sin respuesta. Frederic no aclara de qué manera hacen el patrullaje, con qué software, cómo se enteran por las redes antes de que se produzca un saqueo, si en estos cuatro meses que llevan de gestión hubo algún caso, y si hubo dónde, cuándo, cómo actuaron, etc. Tampoco explica cómo hacen para saber si una persona está mintiendo o haciendo un chiste. Por ejemplo, si tuiteo en tono irónico “Tengo hambre, voy a ir a saquear el Carrefour de la otra cuadra”. ¿Me ponen a disposición de la justicia?

No podemos dejar nuestra libertad en manos de un algoritmo. 

Las redes sociales son espacios públicos de libre expresión. Esos espacios no deben achicarse, ni de manera real ni simbólica. Si un usuario cree que lo están vigilando desde el gobierno, seguramente no se sentirá tan libre de opinar y decir lo que se le cante. El panóptico carcelario de Jeremy Bentham, que le permitía a los guardias controlar a los encerrados sin que estos pudieran saber si estaban siendo observados. Estimular la autocensura de los usuarios en las redes también es una manera de lesionar la democracia. 

Las redes sociales no deben ser escrutadas con herramientas financiadas por el Estado para hacer una persecución política, ideológica o religiosa de ningún ciudadano, sea oficialista u opositor. Ni durante el gobierno de Mauricio Macri (la siempre polémica ex ministra Patricia Bullrich fue muy cuestionada por este tema por varios de lo que hoy son funcionarios de gobierno) ni ahora con Alberto Fernández en el poder.

El ministerio de seguridad (que depende del ejecutivo) no puede tomar el rol de la justicia. Porque en ese caso, el Poder Ejecutivo estaría ocupando el rol del Poder Judicial. Quien debe dar la orden de vigilar electrónicamente a un ciudadano por algún posible delito es un juez, no un ministro ni mucho menos, un funcionario raso o un miembro de la fuerza federal. Garantizar el debido proceso.

El fin no justifica los medios.

Una crisis sanitaria mundial sin precedentes en la historia moderna, nos pone a prueba como sociedad. Pero las leyes que nos protegen frente a cualquier tipo de abusos del poder fueron pensadas, sobre todo, para usarlas en estos momentos críticos.

Por eso la respuesta y la solución para esta y cualquier otra crisis, aún las más profundas, es más democracia, más instituciones, más leyes. Más República.

Sin excepciones.